El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado sentencia favorable al Ayuntamiento de La Orotava en referencia a la reparcelación de la zona de Lercaro, según informa el teniente de alcalde y concejal delegado de Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico, Infraestructuras, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil, Narciso Pérez.
Lercaro es uno de los planes parciales más antiguos y que mayor problemática ha generado en cuanto a su desarrollo se refiere. "En los últimos años, desde el Consistorio villero— manifiesta el edil— se ha intentado dar un impulso a este sector que incluye uno de los centros educativos más relevantes del municipio (el Instituto Rafael Arozarena), además de haberse convertido en una importante alternativa al tráfico de vehículos por el casco histórico".
El teniente de alcalde recuerda que el 16 de julio de 2009 se aprobó por decreto el Proyecto de Reparcelación de Lercaro, "con el objetivo de aprobar el Proyecto de Urbanización de forma inmediata, y poder así recuperar la inversión pública que el ayuntamiento adelantó en su día para la puesta en marcha del citado IES Arozarena". "Pero frente a este Proyecto de Reparcelación—prosigue Pérez— se interpuso, primero, un recurso de reposición y, posteriormente, un contencioso administrativo que perdió la institución local". "Ahora, y tras el oportuno recurso de apelación—subraya— el Tribunal Superior de Justicia de Canarias da la razón al Ayuntamiento de La Orotava, anulando la sentencia de instancia y declarando conforme a derecho el decreto que aprobó la reparcelación en el 2009".
En la práctica— puntualiza Narciso Pérez-- esta sentencia supone, además del respaldo al trabajo desarrollado por el Área de Ordenación del Territorio del Consistorio orotavense y de la empresa pública Gestur, "el que se pueda retomar el proyecto de urbanización y retomar el impulso a este sector del municipio que lleva años de gestión para su desarrollo".
La aprobación del Proyecto de Urbanización traerá consigo la posibilidad de que el ayuntamiento pueda iniciar los trámites para la recuperación de la inversión pública que en su momento adelantó para la ejecución de los viarios que existen en la actualidad y que asciende a unos 3.260.344 euros. "Una cantidad importante de dinero público que ha sido, para la institución local, un obstáculo importantísimo a la hora de materializar inversiones y, debido al conflicto judicial, tampoco se ha podido recuperar", incidió.
La sentencia, aunque positiva para el municipio y favorable para el ayuntamiento, "llega en un momento muy complicado desde el punto de vista económico". "Y lamentablemente ya se han perdido casi cuatro años", apostilló.