El Ayuntamiento de La Orotava ha puesto en marcha los trámites precisos para que el casco histórico de la Villa sea declarado Área de Rehabilitación Integral (ARI), una opción que forma parte del vigente Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación y permitirá disponer de los fondos necesarios para restaurar espacios públicos e inmuebles privados y paliar su deterioro y abandono.
El objetivo es que mediante una inversión de alrededor de 5,5 millones de euros durante los próximos tres años, que provendrían tanto de las administraciones públicas como de los inversores privados, se dé un paso gigantesco para salvaguardar el patrimonio histórico arquitectónico del municipio, favorecer la revitalización de la zona y fomentar la habitabilidad de los edificios, evitando de esa forma la tendencia al despoblamiento. El núcleo histórico de La Orotava cumple con creces los dos requisitos que exige el Plan: haber sido declarado conjunto histórico o existir expediente incoado para tal fin y contar con un plan especial de conservación, protección y rehabilitación aprobado al menos inicialmente. En el caso orotavense tanto la declaración como el plan han sido aprobados ya de forma definitiva.
La declaración de Área de Rehabilitación Integral (ARI) conlleva, en lo que tiene que ver con los espacios públicos, financiación para obras de urbanización, reurbanización y accesibilidad, además de mejoras técnicas en materia de energías renovables. La corporación propondrá en este apartado la reurbanización de la calle Cólogan, una de las vías de acceso al casco histórico más importantes, cuyas obras se estiman en 1,2 millones de euros.
Mientras, en el ámbito de los inmuebles privados se contemplan obras de habitabilidad, accesibilidad, seguridad y eficiencia energética. En el caso de La Orotava se abre dicha posibilidad a los inmuebles catalogados dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, según el presupuesto que se maneja a un máximo de 189 viviendas de las más de 500 existentes en el caso de que todas ellas accedieran a las ayudas máximas. Pero deberán cumplir una condición: las viviendas que se beneficien de la financiación tendrán que destinarse a domicilio habitual y permanente del propietario o arrendatario al menos durante un periodo de cinco años desde la finalización de las obras, evitando con ello su abandono.
Según establece el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, cualquier propietario de una vivienda situada en una zona declarada ARI de centro histórico cuyos ingresos máximos familiares no superen en 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional) puede solicitar una subvención para la rehabilitación que cubre hasta el 50% del presupuesto, con un límite de 6.600 euros en el caso de la aportación estatal. Si se trata de un edificio, no se establecen límites de renta. Mientras, la aportación máxima del Gobierno de Canarias es de 3.000 euros y la del Ayuntamiento de 1.000 euros.
Cualquier propietario que tenga como objetivo lograr las ayudas máximas de las tres administraciones, que suman 10.600 euros, deberá poner de su bolsillo una cantidad similar, es decir, otros 10.600 euros, con lo que se fijaría un montante presupuestario de 21.200 euros. También existe la opción de invertir cantidades menores, lo que haría que se adecuaran las aportaciones públicas al porcentaje del 50 por ciento.
Para cantidades mayores existirá la posibilidad de acceder a un préstamo convenido, que puede alcanzar el importe total del presupuesto. El plazo de amortización será de un máximo de 15 años con hasta 3 años de carencia y el tipo de interés será el euríbor a 12 meses, más un diferencial entre 0,25 y 1,25%.
El ARI fija la participación en los proyectos tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento a través de la Secretaría de Estado de Vivienda, y obliga a habilitar una oficina de atención al ciudadano en la que facilite información y al mismo tiempo se gestionen las diferentes obras.
Este proyecto lo promueve la Concejalía de Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico e Infraestructuras, al frente de la que se encuentra el concejal Narciso Pérez, que ha encargado su redacción al arquitecto Fernando Rodríguez García y al abogado José Vargas Cruz, especialistas en este tipo de trámites.
Este mediodía el propio Narciso Pérez, junto al técnico de la Oficina Municipal de Patrimonio, Pablo Torres, y el arquitecto Fernando Rodríguez, presentaron los pormenores del proyecto, que en palabras del edil se espera que esté aprobado después del verano, una vez que se aborde en la comisión bilateral Canarias-Estado que se celebrará el próximo mes de septiembre.
Pérez subrayó que el documento ya se encuentra redactado y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, que será quien tenga que presentarlo ante la administración estatal para, una vez logrado el visto bueno, formalizarse en un acuerdo tripartito. Destacó el hecho de que los proyectos vayan a canalizarse desde el Ayuntamiento y recordó que esta iniciativa se suma a las que lleva desarrollando la corporación desde hace años con vistas a mejorar el casco histórico de la Villa.
El concejal dijo que la Oficina Municipal de Patrimonio Histórico prestará asesoramiento a todos los interesados, tanto desde el punto de vista histórico como desde el ámbito técnico, y reiteró que el objetivo es incentivar el uso del casco histórico no sólo como un lugar para establecer empresas de ocio, sino también como lugar de residencia. En su opinión, la mejor forma de conservar los inmuebles antiguos es garantizando su uso.
Narciso Pérez indicó que la declaración como ARI permitirá, además, restaurar una vía tan importante como la calle Cólogan, uno de los accesos principales al casco histórico que, además, es transitada por un elevado número de turistas.
Mientras, Pablo Torres incidió en que las subvenciones de las tres administraciones puede ayudar a evitar el abandono y despoblamiento del casco histórico y recordó que desde la ventanilla única que se creará para el ARI se prestará asesoramiento y, además, se agilizarán todos los trámites burocráticos.
El arquitecto Fernando Rodríguez afirmó, por su parte, que el éxito de estas medidas depende del interés que muestren los propietarios, a quienes recordó que los edificios deben ser mantenidos y cuidados, y subrayó que en algunos casos las obras deben realizarse a la mayor brevedad posible. Incidió en que se pueden emprender tanto la mejora de fachadas como de cubiertas, impermeabilizaciones, carpintería u otros componentes de las edificaciones y citó el caso de La Laguna, donde el ARI se ha puesto en práctica con una notable éxito.
El concejal Narciso Pérez coincidió con Rodríguez en que el éxito del ARI dependerá en buena medida del interés de los propietarios de las viviendas, a quienes animó a acudir los próximos días a la Oficina Municipal de Patrimonio para consultar las dudas que tengan.