La nueva corporación que emane de la urnas tendrá más capacidad de inversión.
Se cancela el préstamo a proveedores de más de dos millones de euros.
La eliminación de este obligado plan da más libertad para actuar en beneficio de los vecinos: eliminar figuras tributarias y no subir impuestos ni tasas, no aplicar el copago en algunas prestaciones y además mantener servicios de interés general y la escuela de música que estaban en peligro de desaparecer.
El Ayuntamiento de La Orotava ha cumplido con las obligaciones y exigencias desde el punto de vista económico, y gracias a una rigurosa y prudente gestión culmina este mandato de forma positiva. El pleno ordinario de este mes de marzo aprobó las modificaciones presupuestarias que conllevan sanear las cuentas y arcas municipales. Así se logra cancelar el 'Plan de Ajuste', impuesto por el gobierno del Estado y aprobado en marzo de 2012 por el pleno, con tantas obligaciones y múltiples efectos negativos para los vecinos y la propia institución. Este plan se aprobó por 10 años, por lo que debía culminar en 2022, se logra cancelar siete años antes. Entre otras cosas, contemplaba la necesidad de subir impuestos y tasas para reducir el déficit; impide a los ciudadanos el fraccionamiento de pagos de deudas; exige el copago en la contraprestación de servicios como en las actividades extraescolares; la ayuda a domicilio y el servicio de día (ludotecas); limitaba al consistorio en los convenios para el empleo al sólo poder aportar un 25%; aconsejaba el incremento en el pago de servicios deficitarios como recogida de basuras, abastecimiento de agua, alcantarillado y cementerio, o eliminar las ayudas a clubes, colectivos, asociaciones y otras entidades locales, mientras que escuelas municipales como la de Música y Danza estaban a punto de desaparecer ya que suponen un excesivo gasto para la institución local, rondando el millón de euros para su mantenimiento anual. Y todo ello hace que el Ayuntamiento estuviera realmente intervenido.
En esta línea, el portavoz del grupo de gobierno y responsable de Hacienda en el Consistorio villero, Juan Dóniz, puntualiza que algunas de estas medidas no se han aplicado en estos dos años porque el ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo para ello, asumiendo la corporación municipal, en pleno, la responsabilidad, entendiendo la situación de crisis general que afectaba a la mayoría de la ciudadanía. Ahora, sólo tres años después de su aprobación, y siete años antes de lo estipulado, se logra cancelar este Plan de Ajuste y el préstamo pendiente a proveedores que se eleva a 2.579.502 euros, ya que también se ha logrado reducir en los últimos años. Dóniz recuerda que el 31 de diciembre de 2011 el Ayuntamiento villero tenía 13,5 millones de deuda viva, una cantidad que se incrementó a finales de diciembre de 2012 a casi 18 millones de euros por el efecto del plan de pago a proveedores. Desde entonces, el consistorio ha podido rebajar su deuda y mejorar sus ratios de salud financiera. Con esta nueva reducción ahora, la institución local acabará el 2015 con una deuda viva que ronda los cinco millones de euros, por lo que estaría prácticamente saneado.
"Con esta gestión económica—puntualiza—se logra liberar a la institución de esta intervención. Y lo que es mejor, la corporación que emane de las próximas elecciones municipales podrá tener mayor capacidad para inversiones y, sobre todo, para favorecer acciones orientadas a potenciar el empleo. También puede no subir impuestos o mantenerlos congelados; bajar y eliminar incluso el pago de tasas; mantener todos los servicios, actividades y escuelas que ofrece el ayuntamiento; mantener las ayudas al estudio y las subvenciones y eliminar las figuras tributarias ineficientes. Con respecto a esta última podría eliminarse el cobro: por expedir certificados de empadronamiento o de convivencia y residencia y por cambios en el padrón de habitantes; para la licencia de autotaxis; la tasa por utilización de instalaciones deportivas y culturales o para la apertura de zanjas, entre otras. También se podría aplicar de nuevo la bonificación para a los vehículos de más de 25 años de antigüedad.